En el marco de la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en Ciudad de Panamá, se aprobó el texto de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia (CIAJ). Este tratado internacional regula y consagra el acceso a la justicia bajo la categoría de derecho humano autónomo, estableciendo obligaciones jurídicas exigibles para los países firmantes.
El acceso a la justicia solía entenderse como una herramienta para defender otros derechos. Con este nuevo paradigma jurídico, pasa a tener un contenido propio, generando obligaciones directas y exigibles para las políticas públicas de la región.
La CIAJ toma como antecedente las Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. La principal diferencia radica en que la nueva Convención transfiere los principios de esas recomendaciones técnicas a un marco de obligaciones legales vinculantes para los Estados americanos y peninsulares que la ratifiquen.
Los Estados iberoamericanos cuentan ya con un convenio internacional vinculante que genera derechos exigibles para la ciudadanía y obligaciones claras para las políticas públicas, acordes con la evolución que el acceso a la justicia ha experimentado en las últimas décadas.
