El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos. Es la primera vez que el tribunal se pronuncia de manera integral sobre la crisis climática, marcando un precedente histórico para la región en materia de justicia climática. El documento establece que la emergencia climática constituye una amenaza estructural que agrava desigualdades preexistentes y exige respuestas urgentes, fundadas en derechos humanos, justicia social y sostenibilidad.
Entre los principales desarrollos, la Corte reconoce el derecho humano autónomo a un clima sano, con implicancias individuales —garantizar a cada persona condiciones de vida digna— y colectivas, al proteger los intereses de las generaciones presentes, futuras y de otras especies. La Opinión advierte que su incumplimiento genera responsabilidad internacional del Estadoy exige medidas de reparación tanto para las personas como para la naturaleza. Además, afirma que la naturaleza y sus componentes son sujetos de derechos, y llama a superar visiones utilitarias para adoptar una lógica de protección, restauración y regeneración de los ecosistemas.
La Corte establece también que todas las empresas tienen responsabilidades en materia climática y de derechos humanos, y que aquellas que generan mayores emisiones deben asumir obligaciones más estrictas, bajo un enfoque de debida diligencia reforzada. A su vez, los Estados deben evitar retrocesos en políticas ambientales, garantizar acceso a la justicia y rendición de cuentas, y asegurar que sus marcos legales sean compatibles con sus compromisos climáticos. La Opinión destaca además que el cambio climático impacta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, mujeres, niñas, niños, personas mayores, con discapacidad y otras en situación de vulnerabilidad, por lo que la igualdad y la no discriminación se vuelven principios rectores de toda acción climática.
Finalmente, la Corte subraya el valor del derecho a la ciencia y a los saberes tradicionales, locales y comunitarios como fuentes esenciales para la formulación de políticas públicas eficaces, participativas y basadas en el mejor conocimiento disponible. Reafirma la necesidad de incorporar estos saberes en las estrategias de mitigación y adaptación, y reconoce su papel fundamental en la construcción de resiliencia. Esta Opinión Consultiva representa un paso decisivo hacia la justicia climática y consolida un marco normativo que obliga a los Estados a actuar con urgencia y compromiso frente a los desafíos que impone la crisis climática global.
Texto Completo de la Opinión Consultiva
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