Amparo. Se confirma la sentencia de grado, que ordena al Gobierno de la Ciudad que –a través del Instituto de la Vivienda- garantice el suministro de agua potable a las manzanas 11 a 14 de la Villa 31 bis hasta tanto se encuentre en condiciones de ofrecer otra alternativa que asegure la normal prestación del servicio de agua. Asimismo, dispuso que, hasta que produzca esta última situación, la provisión de agua deberá cumplirse mediante tres camiones cisterna que concurrirán la cantidad de veces que resulte necesario hacerlo, en el horario de 8 a 22 horas, inclusive los días domingos, sin soslayar el llenado de los tanques de reserva.

Amparo. Rechaza recurso interpuesto por el GCBA, condenando a la Administración a dar cumplimiento con la ejecución del Programa de Radicación Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios y a formalizar un plan de acción necesario para la ejecución de obras de mejoramiento del Núcleo Habitacional Transitorio Zabaleta y brindar una solución habitacional definitiva a sus habitantes.

AMPARO. Hacer lugar a la medida cautelar que suspende de inmediato los efectos de la Ley N° 5966 de Residuos Sólidos y Urbanos hasta tanto se cumpla con el procedimiento de doble lectura, siguiendo lo previsto en el art. 90 de la Constitución local, en tanto modifica el Código Ambiental vigente.

Se ordena al GCBA, como medida precautelar, que elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada barrio popular, villa y asentamiento de CABA que garantice la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios que no cuenten con suministro de agua corriente; que incremente dicha entrega en esos barrios; y que elabore e implemente un Protocolo de Actuación de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias, incorporando medidas preventivas que deberían adoptar para reducir el riesgo sanitario.

Ordenar a la Autoridad de Cuenca que contempla la ley 26.168 el cumplimiento del programa establecido en los considerandos de la sentencia, que persigue la mejora de la calidad de vida de quienes allí habitan, la recomposición del medio ambiente -agua, aire, suelos- y la prevención de daños. Además dispone que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son igualmente responsables en modo concurrente con la ejecución de dicho programa y que la Auditoría General de la Nación es quien realizará el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan de Saneamiento. Asimismo, habilita la participación ciudadana en el control del cumplimiento del Plan y del programa fijado en el presente, encomendando al Defensor del Pueblo de la Nación la coordinación de dicha participación. Atribuye competencia al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes para conocer en todas las cuestiones concernientes a la ejecución de este pronunciamiento y en la revisión de las decisiones finales tomadas por la Autoridad de Cuenca y mantiene la tramitación de la causa ante esta Corte en lo atinente a la reparación del daño colectivo.